La Liga española, la más mediática del planeta, comienza oficialmente el 18 de agosto. Pero a tres semanas de esa fecha, ese inicio está en serio peligro. La ruptura de las negociaciones entre los dos operadores que comercializan los derechos audiovisuales —Canal + y Mediapro— deja a los clubes, ya al borde de la quiebra, sin su principal fuente de financiación, y a la competición, en el aire.
Los clubes de fútbol se encuentran en un clima de división en torno a la explotación de los derechos audiovisuales que complica el inicio de la competición. La mayor parte de los equipos medianos y pequeños de Primera se han rebelado contra un statu quo en el que Real Madrid y Barcelona, merced a sus contratos con Mediapro, se reparten la mayor parte del pastel de los derechos y dejan al resto las migajas. Una situación sin parangón en ninguna otra gran Liga europea, en la que el reparto de los derechos es mucho más equitativo y más rentable para los equipos.
Para agravar el conflicto, Mediapro se ha levantado de la mesa de negociaciones, y anunció ayer una subasta para los distintos operadores de televisión de pago de los derechos de la Liga BBVA (el actual partido que retransmite Canal + y el encuentro en abierto) y de la Liga Adelante.
Canal + no tardó en reaccionar aclarando que esa oferta es ilegal porque incluye un listado de equipos disponibles durante la temporada 2012/2013, cuyos derechos de explotación audiovisual le pertenecen, tanto para la temporada que se inicia en agosto como para las dos siguientes. Esos equipos son el Atlético de Madrid, Celta de Vigo, Espanyol, Getafe, Osasuna, Real Sociedad, Real Zaragoza, Athletic Club de Bilbao y Real Betis.
El conflicto no es nuevo porque el modelo no funciona. Sin una fuente estable de ingresos asegurada como es la de la televisión, la mayoría de los clubes están ahogados por las deudas, no pueden hacer fichajes y tienen que vender a sus estrellas al final de temporada para pagar los gastos corrientes y sobrevivir. En el mundo del fútbol hay quien ya habla abiertamente de una nueva burbuja, que está punto de estallar y que tendrá las mismas consecuencias desoladoras para este deporte que las que han tenido para constructoras y bancos los pinchazos de las burbujas inmobiliaria y financiera.
Este mercado asimétrico, en el que cualquiera de los dos grandes ingresa más del triple que el tercer clasificado y 10 veces más que los últimos de la tabla, se ha trasladado a la competición, convirtiéndola en un simulacro. Ya sabemos de antemano que Real Madrid o Barcelona serán los ganadores de esta Liga (y de las próximas) y que el siguiente equipo estará a treinta puntos de distancia. Fuera de esas evidencias, la máxima emoción es saber si merengues o blaugranas batirán el récord de puntos o cuál de sus goleadores se llevará el pichichi. Por eso, la mayor parte de los equipos de Primera, ahora meros comparsas, han decidido plantar cara a este modelo injusto.
Un modelo que es posible gracias a un entramado organizativo —la Liga de Fútbol Profesional (LFP)— que teóricamente defiende los intereses de todos los clubes, pero que, en la práctica, está al servicio de los dos grandes, que se aseguran la mayoría de los votos gracias a los manejos de Javier Tebas. Este abogado, oficialmente vicepresidente de la LFP, ejerce de lobista y tiene cautivos los votos de los equipos más modestos, entre ellos, todos los de Segunda División, a través del denominado G-30.
Según alguno de los clubes que se ha rebelado contra el G-30, Tebas es también el representante oficioso de Mediapro, el operador que hasta la temporada pasada tenía los derechos de la mayor parte de los clubes, y que ha asegurado a Barça y Madrid sus contratos suculentos: 140 millones cada uno, frente a los 47 que cobra el Atlético, los 32 del Sevilla o los 14 del Rayo Vallecano.
No obstante, el dominio casi monopólico de Mediapro se puso en cuestión por un dictamen de trascendencia. La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) dictaminó en abril de 2010 que los contratos de derechos audiovisuales de la Liga y Copa no podían tener una duración mayor de tres años, por lo que muchos de los contratos de la empresa de Jaume Roures que tenían una duración superior, quedaron nulos a partir del 1 de julio pasado. Tras esta resolución, la propia CNC ha abierto varios expedientes a la productora por entender que los contratos firmados con varios clubes (Madrid, Barcelona, Sevilla, Racing) vulneran la libre competencia al tener una duración superior a tres años, el tope que establece la Unión Europea.
Esa circunstancia y el deseo de mejorar sus ingresos ha motivado que aproximadamente la mitad de los clubes de Primera se hayan pasado al otro operador (Canal +, empresa participada por PRISA, editor de EL PAÍS). Mediapro, como represalia, ha dejado de pagar lo que le adeudaba a los clubes que han firmado con el otro operador como Espanyol, Athletic, Real Sociedad o Zaragoza, agravando el cisma interno de la Liga. Mientras en Alemania, Italia o Inglaterra se conocen los horarios de los partidos y se adjudican los paquetes de televisión con al menos un año de anticipación, en la Liga española a estas alturas ni siquiera se sabe si habrá partido en abierto esta temporada.
“Este sistema propugna dos clubes muy ricos, los más ricos de Europa, y 18 cada vez más endeudados. Lo que pretende la mayoría es que haya una Liga más competitiva y más solvente. Para eso hace falta que las distancias con los dos grandes sean más pequeñas. Lo primero para conseguir ese escenario es que hubiera más de un operador y eso se ha conseguido con la entrada de Canal +; después, que las decisiones de la Liga no estén condicionadas por los operadores, y el tercero es un control económico y de los derechos audiovisuales diferente”, dice Miguel Ángel Gil, consejero delegado del Atlético de Madrid, uno de los nueve clubes que, en un comunicado conjunto, denunciaron ayer la maniobra de Mediapro de intentar subastar unos derechos que no le pertenecen.
Mediapro tiene un largo historial judicial desde que irrumpió en la gestión de los derechos del fútbol y de conflictos con los equipos, incluyendo los incumplimientos de pago. La junta de clubes de Primera aprobó el pasado día 12 de junio instar al operador a que pague lo que le adeuda a cuatro clubes: Athletic, Real Sociedad, Espanyol y Zaragoza. Los clubes amenazan con no dejar pasar las cámaras del operador a sus campos si no salda esa deuda.
Roures montó de la noche a la mañana su conglomerado mediático gracias al apoyo del anterior presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, y el círculo de los llamados visitadores de La Moncloa. El más destacado fue Miguel Barroso, exsecretario de Estado y esposo de la exministra Carme Chacón, y actual consejero de una filial de WPP, el holding de publicidad que es accionista de Imagina (Mediapro y grupo Árbol). O José Miguel Contreras, consejero delegado de laSexta. Y la colaboración de Antonio García Ferreras, director de laSexta tras ser jefe de prensa del Real Madrid. Su amistad personal con Zapatero les permitió la concesión para laSexta o el decreto que dio lugar al nacimiento de GolTV, el canal de pago de Roures.
El equilibrio de poderes en el fútbol está cambiando. Les han puesto un nombre, el club de los rebeldes, aunque ellos no quieren reconocerse bajo ninguna etiqueta salvo la defensa de sus intereses. Lo forman Sevilla, Atlético, Valencia, Athletic, Espanyol, Betis, Real Sociedad, Zaragoza, Málaga, Getafe, Celta y Osasuna. Quieren un modelo profesional, como el de las grandes Ligas de nuestro entorno (Bundesliga, Calcio, Premier, y Ligue 1), con una comercialización centralizada y transparente y un reparto más equitativo.
Y mucho más rentable para todos: mientras los derechos en España suman 755 millones (estimación para la presente temporada), en Inglaterra se reparten 1.200 millones y 900 en Italia. Y mientras que el Barça o el Madrid cobran 10 veces más que el último clasificado, el Manchester solo recibe 1,5 veces más que el Wigan; y el Bayern (30 millones), el doble que el Colonia, el peor pagado.
Ante esa situación, el secretario de Estado del Deporte, Miguel Cardenal, apela al diálogo de las partes en lugar de hacer cumplir la resolución de Competencia. Es la LFP, con su presidente a la cabeza, José Luis Astiazarán, quien no parece tener mucho interés en resolver el conflicto. Ayer, tras el clamor del grupo de clubes contra la subasta que ha planteado Mediapro, y las expectativas de que peligre el inicio de la competición, la LFP salía de su letargo y emitía un comunicado a través de la agencia Efe, para “salir al paso de informaciones interesadas y para confirmar, sin ningún género de dudas, que la próxima Liga comenzará el 18 de agosto, tal y como está previsto en el calendario aprobado y confirmado por la asamblea del fútbol español”.
“No creo que la competición esté en peligro, porque hay un calendario fijado y los clubes no tienen motivos para no empezarla. Todo lo que subyace es la explotación de los derechos. Con la actual, la distancia con Madrid y Barcelona en lugar de disminuir, crece. Mediapro está utilizando sus contratos con Madrid y Barcelona como vía para no perder su posición de privilegio. Buscan vías indirectas, pagando dos millones por amistoso o quedándose con la gestión de los canales de los clubes”, dice José María Cruz, vicepresidente del Sevilla.
“Es un problema estructural y una gestión de derechos poco razonable. Todo viene de una estructura caduca y contraria al funcionamiento de que cualquier tipo de competición, y esto genera unos problemas consustanciales a la propia Liga y otros tan importantes como ese como que la explotación no sea pacífica y estemos siempre a puñetazos y con guerras televisivas. Si esto no lo cambiamos, acabará por explotar”, apunta José Gómez, director general de Osasuna.
Puede que muchos piensen que el conflicto de los derechos televisivos es un culebrón de verano. Pero de él depende que los aficionados puedan sentarse en su sofá o bajar al bar de sus parroquianos el próximo 18 de agosto para evadirse un poco del amargor de la crisis.
Además, para esos aficionados la misma imagen del fútbol se está desprestigiando. Y es que el derrumbe del sistema de financiación de los clubes no solo les afecta a ellos. Los equipos, además de los préstamos con las entidades financieras, mantienen una deuda con Hacienda y la Seguridad Social de cerca de 800 millones de euros. Se han comprometido a saldarla antes de 2020. Pero si no se despeja un reparto justo y estable de los derechos de televisión, ya han avisado de que no podrían cumplir su compromiso.
En un clima de crisis general, el aficionado, como ciudadano que también sufre los recortes y la subida de impuestos, no entendería que el fútbol fuera de nuevo rescatado con dinero público como ya sucedió en la década de los noventa o que algunas cajas, nacionalizadas con el dinero del contribuyente, le condonaran sus créditos.
El País
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